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Ataques informáticos ¿como libertad de expresión?

Hace algún tiempo, en una conversación sostenida con el Prof. Dr. Alejandro Hevia de la Universidad de Chile, este planteó su inquietud sobre la posible criminalización de las personas que participan de movimientos sociales que tienen expresiones en Internet.

Se refería en concreto a las manifestaciones ciudadanas de repudio a la instalación de una mega central hidroeléctrica en el sur de Chile, en la cual activistas de la causa ecológica llamaron públicamente a protestar en contra del sitio web del proyecto (hidroaysen.cl), y la expresión concreta de esta protesta tomó la forma de un ataque distribuido de denegación de servicio (conocido como DDoS o DoS) en que cientos de usuarios de Internet se coordinaron para consultar en forma reiterada y simultanea el sitio web, provocando en definitiva el colapso de su capacidad de respuesta. No es nada más, como lo explica divertidamente Juan Pablo Aqueveque en una editorial escrita para Maestros del Web, que al modesto bar de la esquina que normalmente sirve cerveza a 20 parroquianos, le llega una turba de 400 hinchas de un club de futbol clamando por cerveza: probablemente nadie obtendrá lo que ha pedido.

En principio, este tipo de ataques no son destructivos: la información o servicios no quedan inutilizados, no hay pérdidas o hurtos de datos, no se vulneran los sistemas de información, no se defraudan cajeros electrónicos ni nada semejante.

Sin embargo, tanto en Reino Unido como Estados Unidos se ha comenzado a perseguir este tipo de manifestaciones, pistola en mano y con patada en la puerta, con absoluta prescindencia de la proporcionalidad.

La verdad es que lo de Reino Unido no debería extrañar, pues toda su historia está ligada a fuertes normas represivas de la libertad de expresión, y lo de Estados Unidos es un cuento conocido: en nombre del combate al terrorismo se han dañado las libertades más allá de lo que los terroristas nunca soñaron, por lo que en este caso concreto a quienes participan de un ataque de denegación de servicio le pueden caer 10 años de cárcel.

Estas medidas legales me parecen excesivas y peligrosas, pues una penalización inadecuada de estos ataques puede impactar en la criminalización indiscriminada de una ciudadanía que participa legítimamente en movimientos de protesta digital, es decir, se atacaría frontalmente a nuestra libertad de expresión.

Me explico: según lo veo yo un ataque distribuido de denegación de servicio de las características señaladas no es muy diferente de una protesta tradicional, de aquellas en que los ciudadanos se autoconvocan frente a un Ministerio, empresa o servicio público y con pancartas y bocinas hacen sentir su presencia y su disconformidad durante horas, obstaculizando o impidiendo el funcionamiento normal de la repartición o unidad de que se trate.
Su objetivo no solo es hacer patente frente al resto de la ciudadanía y los centros de poder sus demandas y aspiraciones, sino que también hacer sentir su malestar a través de los efectos colaterales de su manifestación, como es que las personas tengan dificultades para entrar o salir del edificio en que se focaliza la manifestación, bajar el rendimiento productivo de quienes se encuentran al interior del mismo, detener el flujo de suministros y generar situaciones de agobio o distracción.

Y todo ello es legítimo y responde a un natural cuadro de conflicto, pues no debemos olvidar que aunque los Estados democráticos avanzan y se construyen sobre la base de la crítica política, los gobiernos son los principales enemigos de la misma al verla como una amenaza, lo que los ha conducido a vigilar a los ciudadanos en las calles y en las redes sociales, como en Reino Unido o Chile, e incluso imponer a las compañías de telecomunicaciones la prohibición de herramientas que permitan la convocatoria ciudadana. Y lo que subyace a este conflicto es una tensión tan fundamental que determina los límites del autoritarismo tolerable en una sociedad democrática.

Mi planteamiento final es que debemos oponernos a cualquier intento de criminalización legislativa de la participación ciudadana en acciones de protesta en Internet no sólo porque no hay lesiones a bienes jurídicos, sino también porque la libertad de expresión es una piedra angular de la existencia de una sociedad democrática y un baremo que nos permite determinar cuando realmente estamos en un país democrático.

 

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Carlos Reusser M.

Abogado, Univ. de Chile. Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Univ. Católica de Chile y Máster en Informática y Derecho por la Univ. Complutense de Madrid. Docente universitario. Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

Una respuesta a “Ataques informáticos ¿como libertad de expresión?”

  1. Estimado Carlos:

    ¿Y qué pasa con el perjuicio económico de quien ve sobresaturada su capacidad de prestar un servicio como consecuencia del afán deliberado de los sobresaturadores por sobresaturarlo? ¿Qué consideración merece el costo de oportunidad o el lucro cesante del afectado?

    Saludos.

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