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El papelón de Amnistía Internacional

Escribo estas líneas preso de la indignación, así que espero que el lector sepa entender uno que otro exabrupto.

Ocurre que Amnistía Internacional–Chile (AI) hizo pública una carta dirigida al Presidente Piñera en la cual hace una especie de balance del estado de los derechos humanos en nuestro país durante los últimos dos años destacando, negativamente por supuesto, la criminalización de la protesta social, el abuso de la fuerza por la policía, las detenciones masivas de niños, torturas, ataques a periodistas y otras joyas a los que nos hemos ido habituando.

El vocero de Gobierno, Monseñor Chadwick, ha salido al paso para pontificar en lo que a su papel toca: que nada de eso es cierto, que la visión del Gobierno y de las organizaciones internacionales son completamente distintas a las de Amnistía Internacional, que hay una democracia plena, que la libertad de expresión opera “a mil”, y que los palos que te encajan en las costillas son los necesarios para preservar el orden público.

Como consecuencia vuelve la pelota a la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional-Chile (Ana Piquer) quien, entrevistada por radio Cooperativa deja en evidencia, y esta es la parte que me indigna, que no tiene ningún dato que respalde sus afirmaciones. Nada.

Como lo lee. No tiene ninguna cifra o estadística que permita avalar sus dichos, sino que todo el informe parece ser un rollo teórico de gente con Internet y televisión por cable (“los investigadores”) y que en realidad carece de investigaciones empíricas. Sus fuentes: lo que se ve por televisión, lo fuerte que moja el carro lanza aguas, lo que se lee en las redes sociales y en la prensa, conversaciones con gente afectada, etc.

En resumen tal organización se ha permitido lanzar, con pirotecnia mediática, serias acusaciones de violaciones de derechos humanos por el Estado de Chile sin datos duros que permitan sostener sus palabras.  Como quien dice, con entusiasmo y el culo al aire.

Y no es que haya entendido mal la pregunta o que no le dieran tiempo a explayarse: la periodista que la entrevistaba hacía esfuerzos ingentes por obtener datos, cifras o al menos referencias ciertas, cuestiones mínimas para los estándares de una organización seria e importante como Amnistía Internacional, pero lo único que obtenía a cambio eran respuestas del estilo “hay muchos casos” (no decía cuantos), “es que la gente no denuncia”, “es imposible obtener cifras”, “es que los padres tiene miedo de represalias contra sus hijos”, que en redes sociales de Internet se veía como apresaban “a mucha gente” y otras tantas afirmaciones del mismo rigor metodológico.

Y el asunto es todavía peor: en base a su “nada” el informe de Amnistía Internacional se permite formular variopintas recomendaciones en cuanto a institucionalidad del país, reformas legislativas, organización de la policía, cumplimiento de convenios internacionales y otras más surgidas de su acabado conocimiento de la realidad.

Todo lo anterior, mi paciente lector, más que una contribución a la democracia es un daño importante a la protección de nuestros derechos, no porque las afirmaciones de la ONG sean falsas ni mucho menos, sino porque al plantearlas sin un respaldo sólido, lo único que hace es contribuir con un descrédito que facilita la impunidad.

 

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Carlos Reusser M.

Abogado, Universidad de Chile. Máster en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor universitario. Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

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