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Desde el viernes estamos en dictadura

La hora es grave.

Nunca, ni siquiera en los tiempos de los temblorosos “ejercicios de enlace y coordinación” nuestro restaurado y siempre transitorio sistema democrático había sido derrotado.

Resistió incluso la reforma que permite a la familia política (porque son consanguíneos) designar parlamentarios sin necesidad de pedirnos el voto.

Pero el viernes recién pasado, el Supremo Gobierno nos ha anunciado el más sustancial cambio en las reglas del juego: ya no seremos una democracia. Ese día, y por boca del Ministro de Justicia, se nos comunicó que la independencia judicial ha llegado a su fin y que los criterios de los jueces, de ahora en adelante, serán revisados a fin de verificar que estas sean coincidentes con las órdenes del Gobierno y que sus decisiones consideran como factor “los intereses en juego”.

Ello porque a partir de ahora los jueces que no sigan las instrucciones políticas no podrán ascender en la carrera judicial, ya que los méritos que se tendrán a la vista para nominarlos y designarlos serán, en forma sustancial, qué tan abajo han inclinado sus voluntades respecto de los intereses del Ministerio del Interior; es decir que en adelante, y en el lenguaje políticamente correcto del titular de Justicia, los magistrados deberán saber “considerar adecuadamente los intereses individuales y los intereses colectivos” en sus decisiones, más allá del tenor de las normas y, por supuesto, con independencia de la calidad de las pruebas que se les presenten.

¿Que usted fue detenido mientras participaba en una manifestación?, eso le pasa por ser un “inútil subversivo”. ¿Que su hijo iba al trabajo y lo acusan de apedrear un paradero de buses?, ¡Que la falta de pruebas no lo amilane, Sr. Juez!. ¿Qué su vecino iba rengueando con muletas, le dispararon lacrimógenas a quemarropa y gritó un par de garabatos?, ¡a la cárcel con él!, ¿cómo se atreve a agredir de esa forma a los representantes de la ley y el orden, que tan sacrificadamente velan por la seguridad pública?.

Entonces los jueces, si quieren progresar en la vida y si saben lo que les conviene, deberán apartar los principios, normas y derechos para considerar también en igual o superior nivel la voluntad del Gobierno que, como usted ya lo sabe, siempre pide en nuestro nombre “el máximo rigor de la ley” para quienes expresan de mejor o de peor manera su descontento y malestar, ya sea porque quemaron un microbús o porque no les pidieron permiso para salir a protestar.

En este nuevo cuadro, ¿qué lograría, por ejemplo, un juez de garantía o un Ministro de Corte de Apelaciones con resistirse, salvo la postergación y amargura de ver a otros ascender tomando el camino con ventajas?.

Usted pensará que estoy exagerando, pues todavía tenemos un sistema de elecciones. Y yo le responderé que en las dictaduras modernas y en las que no lo son tanto, las elecciones se mantienen y que ganan los candidatos que tienen a bien ofrecernos. Y que la existencia de elecciones no es el único factor a considerar cuando se avalúa una democracia, sino también la existencia y ejercicio de la libertad de reunión, de manifestación, los espacios de participación de la sociedad civil, los mecanismos de consulta a la comunidad, la independencia de los jueces, etc.

Y aunque nuestro sistema de gobierno no es presidencial, sino que presidencialista (una especie de spin-off de los regímenes autoritarios en que el Presidente puede bloquear hasta las leyes del Congreso) la verdad es que al final del día, cuando la voz de los jueces pasa a ser la voz del poder ejecutivo, la democracia se termina pues el árbitro del partido pasa a ser un jugador más del equipo del más fuerte, como precisamente lo descubrieron de la peor manera miles de chilenos en años más sombríos.

Y eso no es todo, pues cuando los Gobiernos (cualquiera que sea) logran fabricar jueces obsecuentes al poder lo tienen todo: desaparecen los límites y los escrúpulos en sus actuaciones, las manifestaciones son aplastadas con violencia, los disidentes son despedidos de sus trabajos o encarcelados y se instala el discurso público de que en cada esquina hay una amenaza terrorista que combatir (estudiantes, mapuches, anti-sistema, pakistaníes, etc.), sin que exista nadie a quien recurrir, y mucho menos a unos tribunales de opereta dispuestos a justificar y avalar cualquier extremo.

Cuidemos entonces la independencia de los jueces como si fuera nuestro propio cuello (porque ES nuestro propio cuello), pensando que si como país fracasamos en esto, deberíamos empezar a evaluar llamar derechamente a la desobediencia civil, que es una de las maneras en que se combaten las autocracias.

 

Publicado originalmente en La Tercera el 24 de octubre de 2011.

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Carlos Reusser M.

Abogado, Universidad de Chile. Máster en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor universitario. Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

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