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La agenda digital de Chile, esa mal querida

Como algunos de ustedes sabrán, acuerdos internacionales obligan a Chile a desarrollar periódicamente una Agenda Digital.

¿Y qué es una Agenda Digital?.

Las Agendas Digitales son hojas de ruta de los Estado en las cuales se establecen políticas, estrategias y líneas de acción concretas que integran la labor del gobierno, de los ciudadanos y de las empresas para, apoyados en las tecnologías de la información, modelar el futuro del país teniendo como norte la construcción de una sociedad más justa, democrática y económicamente desarrollada.

Es una tarea, como podéis deducir, de extraordinaria importancia, si es que no la más relevante, y por lo mismo su elaboración e implementación requieren del concurso y participación de muchos actores, pues es un plan que nos dice “aquí estamos ahora y el 2020 todos queremos estar allá”.

Ahora bien: el 17 de mayo pasado el Gobierno, inspirado por la divinidad, bajando del monte Sinaí y desoyendo la razón, ha lanzado la “Agenda Digital Imagina Chile”, que fija los objetivos a cumplir entre el 2013 y el 2020. Y desoye la razón no solo porque están ausentes en ella mecanismos de validación pública, sino también porque se lanza precisamente el año en que el gobierno se muere y cuando todos sus esfuerzos se vuelcan en las elecciones, constituyéndose la Agenda Digital no en una política pública viva, sino más bien en un testamento.

Precisamente por lo ya señalado y más, la Agenda Digital 2013 – 2020 lleva una herida mortal: no se ha tomado la molestia de convencer a nadie, yerra su público al creer que este son las empresas (cuando es de interés de la nación toda), y además arrastra evidentes inconsistencias entre los objetivos de desarrollo declarados y las metas fijadas, como es el caso de señalar que el 2018 Chile será un país desarrollado y que por ende el 2020 tendrán banda ancha el… 50% de los hogares, o que recién el ¡2020! habrá puntos de wifi gratuito en todas las comunas (incluso apuestan a que esa tecnología perdurará hasta entonces).

Como no puedo referirme a toda la Agenda, pues vuestro tiempo y paciencia es limitada, solo hablaré de uno de sus aspectos, como es el entorno normativo, es decir, qué derechos fundamentales o legales aspira a construir o a promover la Agenda Digital para nosotros, los ciudadanos, con vistas al año 2020.

La respuesta es muy clara y simple: ninguno.

Lo anterior no deja de ser llamativo si consideramos que todos los países que aspiran al desarrollo están incorporando la idea de que el acceso a redes es, o debe ser, un derecho fundamental para todas las personas, pues quienes no tienen acceso a Internet son ciudadanos de segunda clase, no solo por los servicios a los que no pueden acceder, sino también porque les está vedado el paso a los bienes culturales, a la interacción familiar o social, al derecho a la información, instancias de participación ciudadana, etcétera.

Tampoco se compromete la Agenda Digital en realizar los esfuerzos necesarios para que los chilenos tengamos un efectivo derecho fundamental a la protección de datos, cuya vulneración actual tanto daño nos causa: recuerde el lector que todos y cada uno de los días a la gente la omiten en las postulaciones a los trabajos, las despiden de los mismos, les niegan prestaciones de salud, les rechazan los hijos en el colegio, etc., porque alguien sabe o cree saber algo y toma una decisión arbitraria que nos afecta y respecto de la cual no podemos recurrir a nadie, pues ni siquiera sabemos la fuente de la información ni quién accedió a ella. ¿Y qué hace la Agenda al respecto?: señalar que hay un proyecto de mejora (en realidad hay más de 50) y que eso alguna vez ocurrirá, como si le fuera ajeno.

A lo mejor el lector estima que la parte de los derechos de las personas no son tan importantes, sino que nuestra Agenda Digital debe tener, tal como efectivamente tiene, un enfoque mercantilista, de oportunidades de innovación que posibiliten implementar negocios como los que efectivamente propone la Agenda: explotación del open data (compartir datos que tiene el Estado para que los privados generen productos y servicios) o digitalización de nuestras fichas médicas para su disposición a través de redes.

Desengáñese pronto, pues como consecuencia de las deficiencias del entorno normativo que la Agenda no se ha propuesto revisar ni mejorar, viene en resultar que la mayoría de las líneas de acción conducentes a nuevos negocios son manifiestamente inciertas o ilegales, cuando no inconstitucionales, lo que como país nos conduce a ninguna parte.

La verdad es que de la lectura de la totalidad de la Agenda Digital, y en especial de lo relativo al entorno normativo, junto con indignarme por un trabajo tan descariñado y mal hecho, me bajó la tentación de dirigirme al Consejo para la Transparencia para saber cuánto le costó al país su confección, pero ya he desistido: haya costado uno o ciento cincuenta millones, no valió la pena.

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Carlos Reusser M.

Abogado, Universidad de Chile. Máster en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor universitario. Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

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