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La desgracia de ser “pobre legal” en Chile

Desde hace algún tiempo la actual Administración (de la que hay que hablar bien, porque recuerden que ahora nos vigila en Internet), está promoviendo la reforma de las Corporaciones de Asistencia Judicial, de forma de profesionalizarla y terminar con los “postulantes”, esto es, los licenciados en Derecho que aspiran a que la Corte Suprema les firme un cartón que diga que son abogados, y que están obligados a trabajar gratuitamente para ello.

La verdad es que siempre he pensado que esta “práctica profesional” es una institución ineficiente y profundamente inmoral, pues ha servido para mantener la ilusión de que los más desposeídos tienen solucionado su problema de pobreza legal, es decir, que están en las mismas condiciones que los demás chilenos de que se cautelen sus derechos e intereses, gracias a que el Estado les facilitará algo así como un abogado.

La gente más necesitada, por su misma condición y otros factores relacionados, suele tener problemas muy complejos en que se combinan y recombinan aspectos jurídicos, sociales, económicos y emocionales. Atenta contra ellos incluso lo oneroso de que les resulta llegar a las Corporaciones, ya que el tiempo y dinero que invierten en ello puede ser la diferencia entre comer o no ese día. Entonces, atendidas las complejidades que representa la asesoría jurídica que legítimamente demandan, ellos no solo requieren de una litigación experimentada, sino también de ciertos grados de especialización e incluso recursos económicos para, en condiciones de igualdad, realizar trámites, pagar receptores judiciales, obtener medios de prueba, etc.

Si estas son sus necesidades, el Estado ¿qué pone efectivamente a su disposición?. Un chico o chica recién egresado de la Universidad, sin estudios de especialización y escasa experiencia, que además está virtualmente en la bancarrota, pues no sólo han tenido que procurarse financiamiento durante los años en que escribieron su tesis y prepararon su examen de grado, sino que también ahora deben asumir el costo de ir todos los días a la Corporación y a los tribunales, además de su alimentación en la jornada.

Se ha dicho que las prácticas profesionales son un beneficio para los aspirantes a abogados ya que les permite aprender el ejercicio de la profesión, pero ello no es cierto: la generalidad de las Facultades de Derecho tienen Clínicas Jurídicas en que, con forma de curso, se llevan adelante casos reales bajo la supervisión de un académico. Y además, afirmar esto es reforzar la idea de que hay un sector de la población con el cual podemos experimentar el “echando a perder se aprende”. Entonces, ni soluciona la pobreza legal, ni ayuda a los postulantes a completar su formación.

Eso y poco más se hace por los que adolecen de pobreza legal, pues tampoco las Corporaciones de Asistencia Judicial invierten en infraestructura: yo recuerdo que durante mi práctica profesional, atendíamos a la gente sentados sobre cajas de cartón llenos de copias de expedientes, en una sala con escasa luz y sin aire acondicionado, con dos computadores para 30 personas y que si llegaban más de 10 “beneficiarios” (siempre lo hacían), teníamos que atenderlos de pie en los pasillos, sentados en las escaleras o en la puerta de los baños, como si no tuvieran siquiera el derecho a ser atendidos con dignidad.

¿Y cómo nos iba en los juicios?. Es fácil de adivinar cuando una de las partes corre en desventaja.

Por supuesto que los postulantes hacen sus máximos esfuerzos e incluso obtienen importantes logros, pero todo el sistema está diseñado para que ello sea lo excepcional, y tal vez esa misma excepcionalidad hace que la gente no pierda las esperanzas y siga haciendo fila para ser atendida aun cuando sus probabilidades de éxito son escasas.

Nuestro abogado jefe nos decía cada vez que obteníamos un triunfo (dentro de un mar de derrotas) “¡algún día horadaremos la piedra!”, dando a entender que en el futuro se lograría concientizar sobre la importancia de los derechos de los olvidados del sistema y darle un realce social a sus pretensiones.

El problema es que, esperando que ello ocurra, ya hemos arrojado a miles de víctimas a las rocas, y salvo constatar que están rellenas de sangre, la verdad es que las piedras siguen tan firmes como siempre.

Solo resta esperar que la reforma se concrete y que los beneficiarios de la Corporación puedan ser atendidos por equipos experimentados y especializados, donde además los incentivos estén en la adecuada respuesta a sus pretensiones y no en una carrera para cerrar expedientes.

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Carlos Reusser M.

Abogado, Universidad de Chile. Máster en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor universitario. Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

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