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El rapto del proyecto de ley de protección de datos personales

Hay días en que las noticias son tristes, pero cuando afectan innecesariamente los derechos fundamentales de las personas, también son amargas.

Se los explico en detalle: como ustedes bien saben, hace mucho que los países descubrieron que el procesamiento automatizado de datos personales y el tráfico de los mismos, destruye el sistema de derechos fundamentales, haciendo vulnerables a las personas en su día a día.

¿Cómo ocurre eso?. Pues simple: de poco o nada sirven los derechos de las personas establecidos en forma grandilocuente en las Constituciones Políticas si determinadas personas, empresas e instituciones, gracias a la informática y el tráfico de los datos personales o una conexión a Internet, creen saber algo de ti y toman una decisión arbitraria a tu respecto. Entonces, ¿de qué sirve tener el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda o a la educación si cualquiera, creyendo saber algo de ti (que no te dice qué es ni de donde lo obtuvo), y aprovechándose de una legislación defectuosa, declina contratarte, te rechaza en la Isapre, decide no arrendarte un lugar para vivir o no permitir que tus hijos ingresen a un colegio?.

De nada. Derechos formales, derechos de papel, derechos-basura.

Entonces muchos países tomaron medidas al respecto estableciendo, como principio general, que los datos personales son de las personas y los demás solo tenemos derecho a tenerlos y tratarlos si el titular de los mismos otorga su consentimiento o una ley lo autoriza. Todo lo demás es ilegal y tiene duras sanciones.

En Chile, para frenar los abusos, se intentó establecer una regla semejante a través de la “Ley de Protección de la Vida Privada” (o Ley N° 19.628), pero la empresa Dicom Equifax logró capturar al Legislador y hacer que ella dijera lo que a sus negocios convenía, en desmedro de todos nosotros. De hecho durante muchos años la ley fue conocida como “ley Dicom” y, pese a que ha sufrido múltiples modificaciones, sigue sin cumplir los estándares internacionales (definidos en la Resolución de Madrid de 2009), haciendo que Chile sea un paria de la comunidad internacional en lo que a protección de datos se refiere.

Consciente de lo anterior el año pasado el Ministerio de Economía llamó a consulta pública para que Chile tenga una nueva ley de protección de datos y que esta cuente con el nivel suficiente como para que nuestro país obtenga el reconocimiento de país con “nivel adecuado de protección de datos”, de forma que podamos proteger efectivamente los derechos ciudadanos y, a la vez, facilitar el tráfico comercial con Europa, Nueva Zelanda, Argentina, Uruguay y otros países de la región pues ellos no pueden enviar datos de sus ciudadanos a un país inseguro como Chile.

Convocó a tal efecto a especialistas en Derecho Informático, académicos, bureaus de crédito, asociaciones gremiales, ONGs, organismos públicos, compañías de seguros, etc. y en un trabajo conjunto que demoró alrededor de 3 meses llegó a un texto de acuerdo que recogía en parte lo expresado por todos pero, más importante aún, cumplía con los estándares internacionales y protegía efectivamente los datos de las personas, que es lo que realmente importa.

El proyecto se envió al Ministerio de Hacienda en septiembre de 2014, pues había cuestiones presupuestarias comprometidas y, desde entonces, se perdió el rastro para siempre.

Desde la perspectiva de los ciudadano, este es uno de los proyectos de ley más importantes pues no sólo fortalece efectivamente los derechos de las personas que ya constan en la Constitución y en otros cuerpos legales, sino también porque constituye la concreción de un derecho fundamental indispensable en el siglo XXI: el derecho a la protección de datos es una especie de escudo que impide o dificulta la violación de todos los demás derechos.

Pero pasado más de medio año sin noticias, y preocupado por los silencios de los organismos públicos, llamé a un compañero de curso que trabaja en el Ministerio de Hacienda, quien me proveyó de variadas respuestas, inconexas entre sí: que prefieren que el proyecto no salga, pues no quieren dar explicaciones de lo que la Unidad de Análisis Financiero (organismo que se ocupa de los delitos de lavado de activos) hace con los datos de las personas; que en realidad el proyecto estaría estancado en el Gabinete del Ministro de Economía; que recortaría las atribuciones del Banco Central pues no podrían acumular datos cuando no existan razones para ello; que están estudiando el “modelo inglés” de protección de datos (el más condenado de Europa); que quieren cambiar el proyecto de forma que ya no cumpla con los estándares internacionales; que no quieren por ningún motivo que lo anuncie la Presidenta Bachelet en el discurso del 21 de mayo (ni nunca); que están estudiando el modelo japonés pero que no tienen traductor de japonés (y Japón tampoco cumple los estándares) y que no importa, si total nadie reclama: en el fondo se ha tenido la perfidia de secuestrar el proyecto de ley sobre datos personales, controlando de esta forma el avance o retroceso de nuestros derechos en una sociedad tecnologizada.

Al menos las excusas permiten dejar claro una cosa: en un momento en que el país necesita buenas noticias, ciertos burócratas prefieren no darlas por el solo temor de tener que dar explicaciones o transparentar que es lo que hacen con los datos personales (que no son suyos) y que tampoco tienen el valor suficiente para dar el paso al frente y decir que los chilenos tendrán el derecho a la protección de datos sobre sus fríos cadáveres. De hecho, ni siquiera están dispuestos a revelar sus reales aprehensiones pues sospechan que el debate los dejará en mal pie.

Entonces, cada día que pasa, todos los habitantes del país debemos pagar con mil y una dificultades, discriminaciones odiosas e injusticias varias el precio de su desidia, de su celo por los poderes secretos, por no revelar que tienen cajas negras de datos personales y, en general, por su indiferencia hacia los derechos de las personas.

De seguir esto así, la conclusión es clara: si no media lucha social, Chile no protegerá los datos personales de sus ciudadanos. Ni ahora ni nunca.

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Carlos Reusser M.

Abogado, Universidad de Chile. Máster en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor universitario. Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

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